Ipab instituto para la protección al ahorro bancario

Cómo hablar

De conformidad con el artículo 2, inciso c), párrafos primero, segundo y tercero del Acuerdo, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (en adelante el Instituto o IPAB) suspenderá temporalmente las actividades que impliquen la concentración física, el tránsito o el desplazamiento de personas, debiendo garantizar en todo momento las funciones esenciales en cumplimiento de sus prerrogativas y en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Protección al Ahorro Bancario y demás normatividad aplicable, así como coordinarse con la Secretaría de Salud en relación con las medidas que se implementen para tal efecto.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo y los actos del mismo no constituyen una limitación temporal o definitiva de las prerrogativas y facultades conferidas al Instituto por las leyes, ni generan mayores derechos o beneficios para las Instituciones de Banca Múltiple, los cuales expresamente y, en virtud de la contingencia, son definidos por el Instituto, pudiendo solicitar la información que en cualquier momento requiera, o instruir el ejercicio conductor de sus facultades.

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El Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) fue un fondo de contingencias creado en 1990 por el gobierno mexicano, dirigido por el entonces dominante Partido Revolucionario Insitucional (PRI), para intentar resolver los problemas de liquidez del sistema bancario. El fondo de contingencias se aplicó en 1995 durante la crisis del peso mexicano para proteger a los bancos mexicanos. En 1998, fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el actual organismo de seguro de depósitos de México.

En los años posteriores a la crisis del peso, el Fobaproa y su deuda resultante se han convertido en un tema de controversia en la política mexicana. Los beneficiarios del fondo eran empresas favorecidas por los dirigentes políticos del país y estaban implicados en varios casos de corrupción[1]. La gestión de los fondos del Fobaproa suscitó importantes críticas por parte de los dos principales partidos de la oposición de México en aquel momento, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional, donde representó un tema destacado durante las elecciones generales mexicanas de 2000[2].

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La Ley Bancaria es el principal estatuto que regula el funcionamiento de los bancos en México. Sin embargo, también son aplicables a los bancos otras disposiciones legislativas que regulan el funcionamiento de las entidades financieras, tales como:

La Circular de Disposiciones Bancarias emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) compila toda la regulación bancaria emitida por la CNBV en un solo instrumento. Abarca temas como:

El Banco Central de México (Banxico) es una entidad constitucionalmente autónoma, que emite normas administrativas sobre las operaciones y servicios que prestan los intermediarios bancarios, así como disposiciones para garantizar la estabilidad de los sistemas de pago.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emite disposiciones sobre la protección de los usuarios de las instituciones financieras, incluidos los bancos, relacionadas con asuntos como:

México ha suscrito múltiples acuerdos internacionales de libre comercio que regulan las inversiones en proveedores de servicios financieros. Estos acuerdos suelen incluir, entre otros, los siguientes principios:

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Los nuevos acuerdos refuerzan aún más la estrecha cooperación existente para mantener la estabilidad financiera. Dada la naturaleza global de los mercados financieros, es importante que se siga reforzando la cooperación entre los reguladores. Los acuerdos bilaterales firmados entre las autoridades de resolución apuntalan esta cooperación y son importantes para la planificación de la resolución. Los nuevos acuerdos cubren el intercambio de información y la cooperación en la planificación de la resolución, especialmente para las instituciones financieras con operaciones transfronterizas. El objetivo es facilitar la resolución de los bancos presentes en las respectivas jurisdicciones. La JUR tiene la intención de celebrar acuerdos similares con otros países en el futuro.

La Junta Única de Resolución (JUR) es la autoridad central de resolución dentro de la Unión Bancaria (UBE). Junto con las ANR de los Estados miembros participantes, constituye el Mecanismo Único de Resolución (MUR). La JUR trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y las autoridades nacionales competentes (ANC). Su misión es garantizar una resolución ordenada de los bancos en quiebra con un impacto mínimo sobre la economía real y las finanzas públicas de los Estados miembros participantes y de otros países.

Teo Santillán

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